A- de 2025

Recusaciones presentadas en contra del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar y la magistrada Cristina Pardo Schlesinger.

El memorialista adujo que los precitados magistrados estaban impedidos para participar en el proceso sobre la constitucionalidad de la reforma pensional, por estar incursos en la causal establecida en el numeral 7 del artículo 141 del Código General del Proceso, definida como “Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez, su cónyuge o compañero permanente, o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación”.

Frente al particular precisó que presentó denuncia penal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en contra de los mencionados togados, por las presuntas conductas punibles de prevaricato por acción y prevaricato por omisión; destrucción de pruebas, obstrucción a la justicia, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Lo anterior, con fundamento a las presuntas irregularidades que a su juicio ocurrieron con el ingreso del expediente T-9468191 a la Sala de Selección Siete de 2023, integrada por ellos mismos.

Al analizar el asunto concluyó la Corte que, en relación con el magistrado Ibáñez el solicitante no tiene legitimación por activa para presentar la recusación, en tanto no concretó su interés dentro del proceso, pues no fungió como accionante ni como interviniente en el mismo.

En este sentido se RECHAZÓ, por falta de pertinencia la recusación presentada.

Respecto a la recusación en contra de la magistrada Pardo se encontró que se presentó el fenómeno de la carencia actual de objeto, en atención que la profesional culminó su período constitucional el 15 de mayo de 2025 y en la actualidad no ejerce el cargo, por lo que la Sala decidió ABSTENERSE de decidir este punto.